El 13 de marzo entró en vigor una ley que obliga a las empresas a implementar un canal ético o buzón de denuncias, para que las personas puedan informar sobre infracciones normativas o de corrupción.

• Las empresas con más de 249 trabajadores tienen hasta el 13 de junio de 2023 para implantarlo.
• Las empresas que tengan entre 50 y 249 empleados tienen hasta el 1 de diciembre de 2023 para implantarlo.

Deberán habilitar un buzón de denuncias anónimo para que los trabajadores o cualquier persona que haya mantenido una relación laboral con la empresa, pueda denunciar cualquier infracción penal o administrativa grave o muy graves que descubran en la empresa. Esto incluye entonces a:

• Trabajadores
• Antiguos empleados
• Autónomos que hayan prestado algún servicio a la empresa.

Esta obligación es tanto para el sector privado como el público, también incluye a partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales.

Las sanciones por el incumplimiento de la norma ascienden hasta el millón de euros.

Esta ley protege a los denunciantes que sigan los canales oficiales, pero el informador opta por alertar por otra vía no se vería protegido por dicha norma.