En un esfuerzo por mitigar la morosidad en las relaciones comerciales y promover una mayor transparencia en las transacciones, la Ley Crea y Crece establece la obligatoriedad de la facturación electrónica para todas las empresas.

Esta medida, que se aprobó en septiembre de 2022, busca optimizar los procesos financieros y mejorar la fiscalización.

Además, como parte de un impulso adicional para combatir el fraude fiscal, el Ministerio de Hacienda ha aprobado el Real Decreto que complementa la Ley de 2021.

Según esta normativa, a partir del 1 de julio de 2025, las compañías que facturen menos de 6 millones de euros estarán obligadas a remitir de manera instantánea sus facturas a Hacienda.

Esta medida busca garantizar una supervisión más efectiva de las operaciones económicas y prevenir posibles irregularidades.

Con el objetivo de facilitar la implementación de estas nuevas disposiciones, Hacienda tiene previsto proporcionar a las pymes y autónomos un sistema de facturación electrónica que permita el envío inmediato de las facturas al fisco.

Esta iniciativa pretende simplificar los procedimientos administrativos y garantizar el cumplimiento normativo de forma eficiente.

Es importante destacar que las empresas que superen los 6 millones de euros en ingresos ya están obligadas a remitir sus facturas electrónicamente a Hacienda desde el año 2017.

Esta extensión de la obligatoriedad a un segmento más amplio del tejido empresarial refleja el compromiso del gobierno con la equidad fiscal y la transparencia en las operaciones comerciales.