El 1 de julio marca un nuevo escenario para los/as conductores/as españoles/as. Tras varios meses de medidas extraordinarias destinadas a contener el impacto de la crisis energética, entra en vigor un nuevo sistema fiscal para la gasolina y el gasóleo que supondrá un incremento en el precio que pagan los consumidores al repostar.

La modificación llega después de que el Gobierno haya decidido retirar de forma progresiva parte de las ayudas aplicadas durante los últimos meses, al considerar que el contexto energético internacional ha recuperado cierta estabilidad. No obstante, la eliminación de los incentivos no será inmediata, sino escalonada, con el objetivo de reducir el impacto económico sobre familias, empresas y profesionales.

¿Qué cambia desde el 1 de julio?

La principal novedad es la recuperación del IVA general del 21% para los carburantes, después del tipo reducido que se había aplicado como medida excepcional. Paralelamente, el Ejecutivo mantiene un mecanismo temporal de compensación a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Durante el mes de julio continuará vigente una bonificación equivalente a 15 céntimos por litro. Esta ayuda disminuirá a 10 céntimos en agosto y a 5 céntimos en septiembre, hasta desaparecer completamente en octubre si las condiciones del mercado permanecen estables.

En la práctica, esta transición provocará que el precio final de la gasolina y del diésel aumente respecto a los últimos meses, aunque el incremento será inferior al que supondría recuperar de golpe toda la carga fiscal anterior.

¿Cómo afectará al bolsillo?

El impacto dependerá del tipo de combustible, del precio del petróleo y de la política comercial de cada estación de servicio. Las estimaciones del sector apuntan a que llenar un depósito medio de gasolina podría costar entre cinco y seis euros más que hasta ahora, mientras que en el caso del gasóleo el incremento será algo más moderado.

No obstante, el coste real seguirá condicionado por factores internacionales como la cotización del barril de Brent, la evolución del mercado energético o posibles tensiones geopolíticas que puedan influir en el suministro de crudo.

Los sectores profesionales mantendrán las ayudas

El nuevo modelo no afecta por igual a todos los consumidores. Los profesionales del transporte por carretera, así como determinados sectores agrícolas y pesqueros, seguirán contando con una bonificación específica para el gasóleo profesional.

Con esta medida, el Gobierno pretende evitar que el incremento de los costes energéticos repercuta directamente sobre actividades consideradas estratégicas para la economía española.

Un sistema preparado para reaccionar si vuelven a subir los precios

Otra de las novedades del decreto es la incorporación de un mecanismo automático de protección. Si el precio de los carburantes experimenta un fuerte repunte y la inflación específica supera determinados niveles, el Ejecutivo podrá reactivar nuevamente las ayudas sin necesidad de aprobar un nuevo paquete de medidas.

Este sistema busca ofrecer una respuesta más rápida ante posibles crisis energéticas y reducir la incertidumbre tanto para consumidores como para empresas.

Una vuelta gradual a la normalidad fiscal

Con este cambio, España inicia el proceso de retirada de las medidas extraordinarias que se aprobaron para hacer frente al encarecimiento de la energía. El objetivo es recuperar progresivamente la fiscalidad habitual sin provocar un impacto brusco sobre los hogares.

Aunque el precio de repostar será algo más elevado desde este 1 de julio, la eliminación escalonada de las ayudas pretende facilitar la adaptación de los consumidores a una situación en la que el coste de los carburantes volverá a depender, en mayor medida, de la evolución de los mercados internacionales.

Durante los próximos meses será precisamente esa evolución del petróleo, junto con la inflación energética, la que determinará si este calendario continúa según lo previsto o si resulta necesario activar nuevamente mecanismos de apoyo para contener el precio del combustible.