Una vez cumplan 65 años, a los funcionarios se les puede obligar a jubilarse a la edad legal de retiro.

El Tribunal Supremo establece en una sentencia con fecha 15 de noviembre que esto podría suceder «si tras analizar su rendimiento y contrastarlo con las necesidades del servicio se concluye que no ha sido el idóneo o deseable».

¿Bajo qué condiciones?

Si el funcionario desea permanecer en activo más allá de esa edad y hasta los 70 años, deberán justificar que su permanencia supone un beneficio para la Administración, la cual tendría potestad para alargarle su vida laboral. Deben confluir, por tanto, los dos intereses: el del funcionario a seguir trabajando y el de la Administración a no querer perderlo.

¿Qué necesitan aportar para extender su vida laboral?

A tal fin, el titular del departamento en que estuviese destinado el solicitante ha de emitir un «informe preceptivo y vinculante», que justifique «la necesidad o no de la prolongación, a tenor de la adecuación funcional del solicitante al puesto de trabajo en el marco de las necesidades organizativas del departamento o unidad razonadamente ponderadas al tiempo de dicha petición», según explica el fallo.

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