El pasado 28 de abril de 2025, España vivió uno de los mayores apagones eléctricos de su historia, con consecuencias devastadoras para la economía y el mercado laboral.

Durante varias horas, millones de hogares y empresas se vieron afectados por la interrupción total del suministro eléctrico.

Las consecuencias económicas no tardaron en llegar. Según estimaciones preliminares, las pérdidas podrían situarse entre 19.000 y 22.000 millones de euros, afectando directamente al PIB nacional en un 0,1%–0,2%.

La industria y los servicios, que representan conjuntamente más del 90% del PIB español, fueron los más golpeados: las fábricas detuvieron su producción, el comercio cerró sus puertas y el transporte se paralizó por completo.

En el ámbito laboral, el impacto fue masivo. Más del 60% de las empresas —la mayoría PYMEs— sufrieron interrupciones en sus procesos, lo que equivale a millones de jornadas laborales perdidas.

Sectores como la hostelería, el transporte y los servicios informáticos, redujeron su actividad casi a cero.

Este apagón ha sido una llamada de atención: la economía moderna depende críticamente de la energía.

Garantizar un suministro seguro ya no es solo una cuestión técnica, sino una prioridad estratégica para proteger el empleo y la productividad del país.