La obligación de usar los nuevos sistemas de facturación verificable, conocidos como Verifactu, se ha vuelto a retrasar. El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 15/2025, publicado el 3 de diciembre en el BOE, que amplía otra vez los plazos para que empresas y profesionales adapten su software a las exigencias de la Agencia Tributaria. Es el segundo aplazamiento de una medida pensada para reducir el fraude fiscal.
Con este cambio, se modifican las fechas que establecía el Real Decreto 1007/2023. Ahora, la implantación obligatoria queda así:
- Empresas que tributan en el Impuesto sobre Sociedades: tendrán que cumplir a partir del 1 de enero de 2027.
- Autónomos y otros contribuyentes: dispondrán de más tiempo, hasta el 1 de julio de 2027, para adaptar sus sistemas.
Aunque la obligación de Verifactu se haya pospuesto, la normativa mantiene la exigencia de que los sistemas informáticos de facturación (SIF) cumplan determinadas garantías técnicas y funcionales (para evitar alteraciones, asegurar trazabilidad y permitir control).
Requisitos principales exigidos a los SIF (sistema informático de facturación)
A nivel práctico, un SIF debe garantizar, entre otros, los siguientes puntos:
- Integridad e inalterabilidad: los registros/facturas no pueden modificarse o eliminarse sin dejar rastro.
- Trazabilidad: debe existir continuidad y seguimiento de los registros (secuencialidad y control de cambios).
- Conservación, accesibilidad y legibilidad de los registros durante el plazo legal de conservación de facturas.
- Estandarización / formato de registros conforme a las especificaciones técnicas aplicables.
- Registro de eventos y su tratamiento conforme a especificaciones (incluida la firma de los registros de evento).
- Capacidad de remisión electrónica de registros a la Administración Tributaria, cuando se opere en modalidad Verifactu.
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